La pandemia del COVID19 ha traído consigo un impacto sin precedentes en la economía debido a la necesidad de paralizar por completo el sistema productivo para erradicar su expansión. Las medidas de distanciamiento y confinamiento también han afectado de forma directa al consumo, generando un escenario de incertidumbre y desconfianza.
En el ámbito medioambiental, se ha dado un punto de inflexión en el camino hacia la transición ecológica. La caída del consumo de combustibles fósiles ha generado un escenario 2020 en el que se espera la mayor caída hasta la fecha de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). De acuerdo con el informe emitido por la Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés), los GEI globales caerán un 8%, lo que en términos absolutos supone una caída nunca vista. Aun así, haría falta que estas cifras se repitiesen año tras año para poder llegar a cero emisiones netas en 2050.
Tras el shock del COVID19, los esfuerzos en el corto plazo para impulsar la recuperación de nuestra sociedad están orientándose a asegurar una pronta reactivación económica y a asegurar el empleo y el bienestar social. Las medidas de rescate económico y social inmediatas ponen el foco en el presente (enfoque coyuntural) y, en un momento dado, pueden llegar a obviar las implicaciones en retos, como la emergencia climática, que pueden entenderse aún que guardan relación con las generaciones futuras y no tanto con las presentes. Sin embargo, las medidas de recuperación de la base económica sí abarcan el largo plazo (enfoque estructural).
Optar por unas u otras medidas puede alterar el equilibrio deseado entre beneficios económicos, sociales y medioambientales.
Esto es, las inversiones que se realicen ahora encaminadas a paliar la crisis económica y reactivar la base empresarial van a condicionar, en gran medida, el proceso de transición ecológica de la economía y, en consecuencia, la evolución de la emergencia climática en la que estamos inmersos y cuyo indicador por excelencia son las emisiones de GEI a la atmósfera.
Hepburn et al (2020), publicaron un estudio en abril con el objetivo de analizar el impacto climático de las políticas que se llevan a cabo frente a las recesiones. El estudio contó con un panel experto de 230 personas compuesto por altos cargos de bancos centrales, bancos de desarrollo, ministras/os de finanzas/Tesorería, académicas/os y otros grupos de personas expertas.
Quienes participaron en el estudio valoraron 25 políticas “modelo” escogidas por el equipo investigador. Las políticas fueron propuestas en base a un ejercicio de catalogación de más de 700 estímulos económicos adoptados por los países del G20 durante el periodo 2008-2020.
Se solicitó a las personas encuestadas que evaluaran las políticas en base a cuatro métricas:
- Rapidez de implementación (de menos de un mes a más de tres años).
- Efecto multiplicador económico en el largo plazo (de bajo a alto).
- Potencial impacto climático (de muy negativo a muy positivo).
- Conveniencia global en función del criterio personal de cada experto consultado.
De los 25 ámbitos de actuación sobre los que se realizó la consulta, aquellos seis que están directamente implicados en la competitividad de la base empresarial (inversión en I+D general, inversión en I+D limpia, Inversión en conectividad, Inversión en infraestructura de energía, Inversión en conectividad, Inversión en reciclaje profesional) inducen el mayor efecto multiplicador en términos económicos y de impactos climáticos positivos.
- Invertir en infraestructura de energía limpia (i.e. mediante energías renovables, técnicas de almacenamiento) y en modernización de las redes de conectividad (políticas T y S). Este tipo de actuaciones mejoran claramente la eficiencia de los procesos al tiempo que esa mejora de la competitividad impacta de forma positiva en el clima.
- Invertir en I+D (políticas X e Y). La inversión en I + D propicia, a la larga, una mejora de los procesos productivos existentes y contribuye al descubrimiento de nuevas tecnologías. El entorno de innovación orientado a la mejora de la competitividad empresarial está estrechamente relacionado con la obtención de procesos más limpios y responsables con el clima.
- Invertir en formación y el reciclaje profesional (política N). Acontecimientos como la actual crisis sanitaria y el desarrollo tecnológico propician cambios constantes en el mercado. Las empresas que no aumentan la formación de su plantilla corren el riesgo de perder parte de su productividad e inversión. El impulso de la formación dentro de la empresa maximiza las ventajas competitivas y el aprovechamiento de las oportunidades de negocio a la vez que aumenta la conciencia social y medio ambiental de las/los empleadas/os.
De la interpretación de los resultados de este trabajo y de la evidencia de análisis previos, se desprenden mensajes de gran calado para la formulación de las políticas de recuperación tras COVID19.
En particular, es muy conveniente resaltar que son precisamente las políticas que fomentan la competitividad de las empresas las que mayor impacto positivo tienen sobre la emergencia climática (cuadrante amarillo).
Un punto muy relevante a la hora de tomar las mejores decisiones políticas de inversión y a la hora de priorizar los esquemas de recuperación impulsados desde lo público.
La naturaleza incierta de la crisis actual aconseja no perder la perspectiva e integrar con decisión y seguridad las medidas de impulso a la competitividad como fórmula de éxito para alcanzar ese equilibrio deseado entre desarrollo económico y compromiso climático.
Jokin Etxebarria
MSc Business & Management
NAIDER
