Cuando hablamos de Economía Circular, prácticamente a cualquier persona que haya indagado un poco sobre el tema, le vendrán a la cabeza las nueve “R”s. Como cuando de pequeños aprendemos por primera vez las preposiciones, estas erres son el abc de la economía circular y no solo memorizarlas sino comprenderlas e interiorizarlas, parece ser un buen punto de partida para introducirse en esto de la Economía Circular. Empezamos con Rechazar, seguimos con Repensar etc. y llegamos a la novena “R”, la Recuperación. Cada acción, a medida que nos acercamos a la Recuperación, pierde circularidad y, por tanto, su impacto medioambiental es cada vez más negativo.
En paralelo, por si fueran pocas, cada vez son mas las voces que se levantan por la necesidad de una nueva “R” transversal a todo este marco: la R de “Regulación”. Y no es una cuestión baladí, precisamente.
Veamos el caso paradigmático de la temida obsolescencia programada de muchos de los productos que compramos habitualmente. La economía circular nos propone modelos de negocio alternativos basados, por ejemplo, en la servitización o en el diseño de productos más duraderos y modulares. Estos modelos parecen ser más solventes y rentables que los actuales sobre el papel, pero lo cierto es que una gran cantidad de empresas continúa haciendo uso del modelo de obsolescencia programada a la hora de diseñar sus productos. Y, no nos engañemos, si esto es así es porque su rentabilidad es superior a la que proponen los modelos circulares. Al menos, en el corto-medio plazo. Y, además, lo hacen porque pueden. Nadie se lo impide aún sabiendo que hay un impacto a nivel ambiental que no se incorpora a la ecuación.
Cuando nos ponemos a pensar sobre quién es el responsable llevar a cabo la transición hacia una Economía Circular, la respuesta generalmente suele ser unánime, toda la sociedad. Consumidores, empresas, instituciones públicas etc. deben realizar un esfuerzo para que sea posible un modelo económico que no consuma los recursos naturales a un ritmo mayor del que pueden ser recuperados.
Entonces, si decimos que el esfuerzo debe ser conjunto, ¿porque esperar hasta que demos con un modelo de negocio más rentable que el actual para las empresas? ¿no deben también las empresas contribuir a esta transformación del modelo económico ajustando sus rentabilidades en el corto plazo? Una posible fórmula para que la obsolescencia programada sea más rentable que el modelo de producción actual es sin duda la famosa R transversal de la que nadie parece querer hablar, la Regulación. Hablamos de normativas y políticas fiscales que empujen el proceso de circularidad sobre diseño de producto.
Nuestros vecinos franceses, en esto de regular la conception van algo más avanzados. Ya en julio de 2012, la Agencia de Medio Ambiente y Gestión de la Energía (ADEME) definía la obsolescencia programada como aquella practica que “consiste en acortar la vida útil de un producto intencionadamente para que el consumidor tenga que comprar uno nuevo, limitando su periodo de uso por razones del modelo económico”.
Más aún, Francia considera ya la obsolescencia programada directamente un delito. Así se recogió en el artículo 22 del proyecto de Ley sobre Transición Energética para el crecimiento verde donde se introduce en la legislación francesa la definición de obsolescencia programada. Para dichas prácticas, la ley contempla penas de dos años de prisión y 300.000 euros de multa.
También el pasado 10 de febrero, se publicó también la Ley contra el despilfarro y de economía circular, mediante la cual se busca abandonar el plástico desechable, luchar contra el despilfarro y actuar contra la obsolescencia programada.
Son ejemplos, pero lo cierto es que las estrategias de economía circular en algunos países parecen ir de la mano con la regulación. A fin de cuentas, transitar hacia una economía circular no debe fundamentarse en generar negocios circulares paralelos a los modelos de negocio lineales, sino en transformar los negocios lineales en circulares.
Jokin Etxebarria
MSc Business & Management
