«No tenemos interés en aplicar el protocolo de Kyoto». Con esa frase lapidaria, Christine Todd Withman, la entonces directora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU, anunciaba el 27 de marzo de 2001 que su país se retiraba del compromiso internacional sobre el cambio climático firmado en la ciudad japonesa en 1997. El país responsable de la cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero había roto la baraja y se había retirado de la mesa de negociaciones. La administración republicana había iniciado una auténtica contrarreforma ambiental en todos los frentes.
Poco importaba que ese mismo año, 2001, la comunidad científica internacional representada por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) hubiese emitido su tercer informe en el que, además de confirmar la responsabilidad humana directa en el calentamiento de la atmósfera, empeoraba las previsiones de dicho calentamiento -incremento de la temperatura media global entre 1,4 y 5,8 grados entre 1990 y 2100.
Hay que recordar que el Protocolo de Kyoto era un modesto, si bien muy importante, paso en la dirección señalada por el IPCC. Este organismo oficial, formado conjuntamente por las Naciones Unidas y la Organización Climatológica Mundial, había demandado a la comunidad internacional una reducción del 70% de las emisiones a lo largo del siglo XXI como única forma de estabilizar la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero. El compromiso de Kyoto obligaba a las naciones más industrializadas del planeta a disminuir un «modesto» 5,2 % entre 1990 y 2008-2012. Incluso ese primer paso molestaba a una administración republicana trufada de políticos estrechamente vinculados a sectores de la industria energética y petrolera estadounidense contrarios al mencionado compromiso.
Ante la huída hacia adelante de la administración Bush, el resto de la comunidad internacional decidió aguantar el tipo y continuar con el Protocolo de Kyoto. La Unión Europea, muy presionada por la opinión pública de sus sociedades, entendió que debía renovar su compromiso y vocación de liderazgo internacional ante este grave problema ambiental. Así, la Unión y sus Estados miembros ratificaron el citado Protocolo el 31 de mayo de 2002. En estos momentos, son ya 100 los países que han ratificado el acuerdo en todo el mundo, si bien para su entrada formal en vigor necesita todavía la ratificación por parte de Rusia.
Un reciente informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente señala que, si bien las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea han disminuido un 2,3% entre 1990 y 2001, las proyecciones apuntan hacia el no cumplimiento de los objetivos del Protocolo por parte de la Unión Europea. Estima dicho informe que, en ausencia de nuevas políticas y medidas, la disminución de las emisiones será del 4,5% en vez del 8% que le corresponde según el acuerdo de Kyoto. En ese escenario, España es el país que peor cumple sus compromisos. Dadas las tendencias actuales, en el año 2010 sus emisiones serán en torno al 48% superiores a las de 1990, es decir un 33% por encima del compromiso asumido por España dentro de la Unión Europea para alcanzar el objetivo de Kyoto. Un clamoroso incumplimiento que España prevé paliar mediante la compra masiva de permisos de emisiones a países de la Unión que hayan reducido las suyas por encima de sus respectivos compromisos.
En plena ola de calor azotando a Europa, el presidente del IPCC, el indio Rajendra Pachauri, afirmaba que «el calor insoportable en Europa se debe probablemente a la acción del hombre, al cambio climático. Se trata de una fuerte sospecha, sin que exista total certidumbre científica». Lo que no sabía mister Pachauri en el momento de efectuar sus declaraciones era que la citada ola iba a acabar provocando un verdadero drama humano, como si de una auténtica tsunami climática se tratara. Semanas después de sus declaraciones, las funerarias francesas han calculado en 11.435 los muertos en Francia a consecuencia del agravamiento de su salud como consecuencia de la ola de calor. En España, estimaciones preliminares cifran en unas 5.000 las personas cuyo fallecimiento está relacionado con la ola de calor de este verano. Cuando dentro de unos meses se conozcan los datos contrastados y definitivos sobre el número de muertos en Europa este verano como consecuencia del golpe de calor, es muy probable que el número de defunciones supere las 20.000 personas.
Pero la memoria es frágil. Ya casi nos habíamos olvidado de que la década de los 90 fue la más calurosa desde que comenzaron las mediciones en 1860. Ya casi nos habíamos olvidado de que las inundaciones que asolaron Europa central en agosto de 2002 fueron las peores en esa región de los últimos 150 años y que ocasionaron perdidas económicas a las compañías aseguradoras por valor de más de 5.000 millones de dólares. Ya casi nos habíamos olvidado de que uno de los impactos previstos por los modelos de cambio climático es un incremento en la frecuencia y severidad de los denominados eventos climáticos extremos tales como inundaciones, sequías, olas de calor, huracanes, avalanchas, tormentas de viento….
La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible aprobada por el Gobierno vasco incluye el cambio climático como uno de los cinco grandes objetivos ambientales de los próximos años. Sin embargo, los hechos no han demostrado estar, todavía, a la altura de la formulación política. Las emisiones de gases de efecto invernadero en la comunidad vasca disminuyeron en el año 2001 un 4,2 % respecto a las del año 2000. Sin embargo, esa disminución venía tras tres años de un fortísimo incremento de las emisiones, debido a la insostenible política de transporte desarrollada por el Gobierno vasco y las Diputaciones desde la segunda mitad de los años noventa. De hecho, las emisiones de CO2 – principal gas de efecto invernadero – del sector transporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco crecieron un 70% entre 1990 y 2000. En la actualidad, doce puntos porcentuales separan el nivel de emisiones de nuestra comunidad con el que correspondería al cumplimiento con el mencionado Protocolo.
Dicho con otras palabras, el País Vasco ha sido parte del problema de la tendencia hacia el incumplimiento con los compromisos de Kyoto por parte del Estado español. Estaría bien que, a partir de ahora, fuese parte de la solución. La Comunidad Autónoma del País Vasco ha alcanzado un alto nivel de desarrollo económico; tiene una fuerte base tecnológica y una infraestructura industrial sólida y modernizada; tiene bien formulada y desplegada su política y estrategia ambiental y cuenta con instrumentos operativos, Ihobe, de reconocida capacidad y experiencia. Por ello, el País Vasco tiene condiciones para desempeñar un papel de liderazgo dentro del Estado, e incluso entre las regiones del sur de Europa, ante el tema del cambio climático, siempre y cuando se modifique sustancialmente la actual política de transportes.
La creación de una comisión interdepartamental específica para alcanzar los objetivos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del Gobierno vasco, tal y como lo ha hecho recientemente la Generalitat de Cataluña, sería un paso en la dirección adecuada y enviaría una señal importante a la sociedad sobre el interés real del Gobierno vasco por el cumplimiento de los objetivos recogidos en el acuerdo de Kyoto.
El Protocolo de Kyoto no se convertirá en un instrumento de derecho internacional hasta que sea ratificado por 55 países que representen el 55% de las emisiones de 1990 de los países industriales y de los pertenecientes al antiguo bloque oriental.
