El pasado 5 de Junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el Ministerio de Industria introdujo la nueva reforma energética mediante el Real Decreto, medida que hace efectivo el “impuesto al sol” que beneficia a las grandes empresas del oligopolio eléctrico.
Los particulares tendrán que pagar un impuesto por la energía autogenerada, es decir, la energía obtenida por particulares a través de sistemas alternativos, como puede ser la instalación de placas solares. El proyecto ideado por el Partido Popular pretende regular el autoconsumo energético compensando a las eléctricas por la posible pérdida de ingresos derivada del uso de sistemas alternativos recién citados.
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) se ha mostrado disconforme y contraria a este impuesto. Según Jorge Barredo, presidente de dicha entidad, lo que el Gobierno pretende de esta manera es penalizar con un peaje extra al consumidor responsable que ahorra con un sistema de autoconsumo. Lamenta que no se hayan incorporado al proyecto ninguna de las apreciaciones realizadas por la industria, la sociedad civil, los organismos reguladores y el grueso de los partidos políticos. Además, añadió que dicho Real Decreto pretende imponer de manera artificial un modelo energético basado en las energías fósiles y el mantenimiento del consumidor al margen de la generación de energía.
Según el PP, este impuesto se diferenciará entre un “peaje para sufragar las redes” eléctricas (en la que el autoconsumidor costeará únicamente cuando esté vertiendo o recibiendo electricidad de la red) y los cargos del sistema, los cuales serán obligatorios en cualquier caso y cubrirán las anualidades del oscurantista déficit de tarifa denunciado en múltiples ocasiones por organismos como FACUA o ASECE. Y esto está ocurriendo en un escenario en el que las empresas eléctricas españolas obtienen año tras año beneficios millonarios derivados de los abusivos precios sobre el consumidor español.
La UNEF recuerda también que la medida, aparte de vulnerar la Constitución española y dos directivas europeas, afectará gravemente a la transición al nuevo modelo energético basado en las energías renovables, la generación distribuida y la eficiencia energética en nuestro país, y pone en considerable riesgo el cumplimiento de los objetivos de cara a 2020 comprometidos con la UE relacionados con la reducción de CO2, alimentación con fuentes de energías renovables y eficiencia energética.
Lo más paradójico del tema es que el Gobierno haya aprobado una normativa tan perjudicial socialmente hablando (diseñada específicamente para poner una barrera económica que desincentive a los ciudadanos a invertir en sistemas de ahorro energético basados en las energías renovables), en un día como es el del Medio Ambiente. En definitiva, un nuevo golpe al medio ambiente precisamente el día oficial de recuerdo del mismo.
