La respuesta de los gobiernos europeos a la crisis de los refugiados, respuesta espoleada por el crecimiento de movimientos populistas anti-inmigración, están erosionando el tratado de Schengen que ha permitido el libre tránsito de personas y bienes entre países durante décadas, y los ataques terroristas de Daesh en París y Bruselas han agravado el problema. Alemania, Austria, Francia o Suecia, entre otros países, han recuperado controles fronterizos internos en algunos puntos, o están considerando implementar nuevos. Dejando a un lado sus importantes implicaciones sociales y políticas, el coste económico de terminar con Schengen sería enorme. Un informe de la Fundación Bertelsmann de Alemania calcula que el regreso a los controles fronterizos internos supondría un agujero de 470 mil millones en el PIB europeo en los próximos 10 años. Bloomberg lo compara con perder una empresa del tamaño de BMW cada año durante una década.
La libre circulación alumbró un mercado de 400 millones de personas, con 24 millones de viajes de negocio y 57 millones de traspasos de carga transfonterizos anuales, en datos del Parlamento Europeo. Según la fundación Berstelsmann, recuperar los controles resultaría en mayores costes y precios con un impacto negativo en la lenta recuperación de la economía europea. En un escenario optimista, los bienes provenientes de otros países europeos incrementarían su precio un 1%, hasta un 3% en un escenario más pesimista.
