No creo que una ley sea un instrumento adecuado para cambiar el modelo productivo, pero debo reconocer que el anteproyecto de ley de economía sostenible del gobierno de Zapatero pone en la agenda social una reflexión de gran calado: la urgencia de una estrategia de largo plazo para acometer los grandes problemas estructurales y preparar la economía y sociedad española para los retos de la economía del conocimiento. De la lectura de la nota del Consejo de Ministros y el Power Point presentadohago mis primeros comentarios. En cuanto tenga oportunidad de leer con detalle el anterproyecto de ley (aquí) bajaré más al detalle.
El anteproyecto de ley se articula en tres grandes pilares la mejora del entorno económico, competitividad y sostenibilidad medioambiental. A priori, se echa de menos un apartado sobre aspectos sociales en los que la inmigración, el envejecimiento de la población y la sostenibilidad económica de nuestro sistema de bienestar deberían ser epígrafes relevantes.
En lo que toca al entorno económico, se recoge una reforma de los organismos reguladores, se postulan las medidas recomendadas por el G-20 para los mercados financieros y se formulan recomendaciones genéricas sobre la sostenibilidad financiera de la administración pública que bien mercería compromisos mucho más audaces, así como sobre la contratación pública y la colaboración público privada. Es de esperar que el propio proceso legislativo y, en su caso, su implantación permita incluir otros elementos de gran importancia como la liberalización del conjunto de la actividad económica y, en particular, del sector servicios.
En el apartado de competitividad, se apuesta por la simplificación administrativa que debería ser un primer paso para articular una relación completamente diferente entre la Administración con las empresas y con el conjunto de la sociedad. Respecto a la sociedad de la información, se apuntan importantes reformas de las infraestructuras, pero habrán de tocarse más en profundidad otros elementos como las condiciones y precios de acceso a las mismas y el profundo cambio de mentalidad para cambiar las relaciones entre los agentes y grupos sociales para aprovechar el potencial que ofrecen las TICs. La ciencia y la innovación son, sin duda, los aspectos clave de la transformación del modelo productivo y, en mi opinión, no se les otorga el papel que les debería corresponder en el proyecto de ley. España precisa una significativa mayor inversión pública y privada en I+D+i que tendrá que venir acompañada de una gran transformación de su sistema de ciencia, tecnología e innovación para ganar en excelencia, ser más atractivo y convertirse en la principal fuente de diversificación del tejido productivo. El impulso de la internacionalización de las empresas y la promoción de la formación profesional cierran el capítulo de competitividad.
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es, muy acertadamente, el eje vertebrador del tercer pilar de la ley, la sostenibilidad ambiental. No estoy seguro que la ley hubiese tenido que mojarse en objetivos concretos, pero ya que lo ha hecho debería haber ido más allá de los objetivos marcados por el conjunto de Europa y haber aprovechado la oportunidad para establecer un liderazgo claro en este apartado. En el transporte y la movilidad sostenible, se recogen una serie de epígrafes entre los que destaca por su novedad y lo que supone de apuesta de futuro el coche eléctrico. Pero más allá de esto, el objetivo de reducción del 20% de las emisiones exigirá una gran revolución en nuestro sistema de movilidad con pasos decisivos en la priorización de las inversiones públicas de infraestructuras y avances importantes en la internalización de los costes ambientales del transporte.
Finalmente, se agradece que la ley marque el camino en temas fiscales y establezca un compromiso financiero claro y preciso de 20.000 millones de Euros. Habrá que conocer en detalle los instrumentos para valorar si la forma de actuación es adecuada al objetivo de transformación del modelo productivo que se propone.
