El mercado generalmente fracasa a la hora de tener en cuenta los costes de los impactos ambientales de nuestra economía, así como el valor (no solo económico) de la naturaleza y los servicios que esta nos provee. Un viejo dilema conocido – aunque clave para comprender la insostenibilidad de nuestro sistema – se basa en la incapacidad de la economía de mercado para integrar y contabilizar las externalidades. Se entiende por una externalidad negativa a los costos no asumidos por una persona o empresa, mientras estos son traspasados a otros o a la sociedad en general. En otras palabras, son externalidades negativas aquellas actividades que afectan a otros sin que los precursores de estas paguen por los daños realizados.
Las externalidades son más comunes en la presencia de bienes públicos – aquellos bienes que están disponibles para todos y de los cuales el uso por una persona no substrae del uso por otra. Ejemplos de bienes públicos en el ámbito medioambiental incluyen un aire y suelos limpios, la biodiversidad, o la estabilidad climática. Al igual que cualquiera puede tener acceso y disfrutar de los bienes públicos, también estos pueden ser contaminados, agotados o afectados.
El gran problema de nuestro sistema es que la economía de mercado no integra ni contabiliza las externalidades negativas relativas a los bienes públicos. Las externalidades son, por tanto, un fallo de sistema, ya que permite a personas o empresas beneficiarse a costa de perjudicar a otros, o a la sociedad en general.
A lo largo de las últimas décadas se han ido creando mecanismos y soluciones para abordar el problema de las externalidades (ver ejemplos). Estas, sin embargo, no se han mostrado efectivas a la hora de crear una economía más medioambientalmente sostenible. Las dificultades de llevar a cabo estas soluciones con éxito son varias, donde suele ser complicado determinar el responsable de una externalidad negativa (¿quién ha causado el daño?), la propiedad del bien público dañado (¿a quién pertenece?), o simplemente la medición y valorización del bien en sí mismo.
La economía de mercado no integra las externalidades en su sistema por una simple razón: la intervención para proteger los bienes públicos puede presentar contradicciones con el desarrollo económico. ¿Es posible, por tanto, llevar a cabo una gestión sostenible de los bienes públicos medioambientales, tan necesarios para nuestra supervivencia y bienestar?
El emprendedor, ecologista y periodista estadounidense Peter Barnes, en su libro Capitalismo 3.0, nos muestra un primer paso hacia una posible solución: la creación de un nuevo sector económico y social que proteja, valore y provea con una propiedad a los bienes públicos. Los bienes públicos medioambientales (un aire limpio, un monte con una alta biodiversidad) pasarían a ser propiedad de una autoridad, una institución independiente que fuese responsable de regularlos y gestionarlos de manera sostenible. Dichas instituciones serían entidades “hibridas” público-privadas, las cuales no estarían a merced ni de los intereses privados de empresas y corporaciones, ni de la corrupción y necesidad de contentar a sus votantes de los partidos políticos. Los bienes públicos poseerían entonces una «propiedad» independiente a escala local, internalizando así las externalidades e integrándolas en el sistema con el fin de proteger los bienes públicos.
Por supuesto, existirían dudas acerca de la creación de estas instituciones; por ejemplo, relacionadas con cómo se podría evitar la corrupción de los miembros que las gestionan, o quién establecería (y como) los precios de los bienes públicos. En cualquier caso, este paso constituiría un nuevo avance hacia la sostenibilidad, en donde la creación de un nuevo sector cuyas instituciones posean una propiedad independiente y la potestad suficiente para actuar ayudaría a conservar los bienes públicos medioambientales.
Julen González Redín
PhD en Desarrollo Sostenible
NAIDER
