Desde la llegada de la democracia, las Diputaciones han ido convirtiéndose en auténticos gobiernos autónomos dentro de la propia Comunidad Autónoma Vasca y realizan actuaciones en casi todas las materias en las que la CAPV tiene competencias.
Interviene en aspectos tan trascendentales como la gestión de la hacienda del país (que le fue consignada, seguramente, en una suerte de desagravio histórico por la humillación que sufrieron estas instituciones con el franquismo) dejando al Parlamento vasco, sede de la soberanía popular del país, sin ninguna capacidad normativa al respecto. También participan de forma decidida sobre cuestiones tan dispares como el bienestar social (competencia natural de las administraciones locales que también gestionan, lógicamente, los ayuntamientos en un equilibrio a veces muy inestable) o la gestión de las carreteras del país (competencias estrella de estas instituciones que la Ley de Territorios Históricos les asignó hace 25 años por criterios ciertamente difíciles de entender hoy día desde un punto de vista estrictamente racional).
Al margen de esas tres grandes competencias que de una forma más o menos clara todo el mundo asume que son competencia de las Diputaciones, lo más paradigmático, sorprenderte y cuestionable es su intervención directa en prácticamente todas y cada una de las materias: medio ambiente, economía, industria, tecnología, urbanismo, agricultura, pesca, cultura, vivienda o deportes, por citar campos competenciales donde es fácil observar el logo de cualquiera de las Diputaciones o encontrar un diputado foral con un departamento a su cargo. Algunas de estas cuestiones pueden interpretarse o deducirse que vienen amparadas directa o indirectamente en la mencionada ley. Otras decididamente, no.
Este proceso de resurgimiento y consolidación de las instituciones de los tres Territorios Históricos que hoy día configuran la Comunidad Autónoma Vasca se ha ido desarrollando en paralelo a la construcción de las instituciones comunes del país y también en paralelo a la recuperación y potenciación del papel de los municipios y ayuntamientos. Aquí está el quid de la cuestión.
Las Juntas Generales y las Diputaciones Forales, entre otras maneras de entenderlas, son vestigios malamente actualizados de una antigua forma de organización del país que poco tenía que ver con la que emanaba del Estatuto de Gernika e incluso del propio Estatuto del 36.
Reivindicar su existencia fuera del historicismo, el foralismo u otras tradiciones pre-modernas se hace hoy día muy complicado por cuanto que el Gobierno vasco emerge como el agente vertebrador de casi todas las áreas económicas, culturales, educativas, sanitarias, ambientales o tecnológicas desde 1980 y los municipios parecen las instituciones más indicadas para completar el conjunto de políticas (urbanismo o acción social, entre otras). Una buena coordinación entre ambas haría el resto y, así, ninguna de las dos instituciones parecería necesitar, en teoría, del apoyo de un tercer nivel institucional intermedio para desarrollar sus funciones, escalón en el que también se han amparado muchos para justificar la existencia de estas instituciones provinciales. Papel que desaparecería en la medida que los municipios también se reestructuraran comarcalmente o que el propio Gobierno, con una visión mucho más completa de país, articulara ese papel de coordinación y articulación para la realización de ciertas actividades y la prestación de determinados servicios a nivel local.
En cualquier caso, esa participación extensiva en cualquier ámbito competencial es muy llamativa y a nadie se le escapa que en muchas veces las actuaciones de estas entidades provinciales han condicionado o influido en las acciones que el propio Gobierno autónomo y que los propios municipios han realizado en el marco de sus respectivas competencias. A veces esa influencia ha sido utilizada de contrapoder y en otras ocasiones seguramente ha servido para acelerar determinadas actuaciones o para impulsar proyectos de distinta naturaleza y mayor o menor fortuna a golpe de talonario.
Este complejo devenir ha dado lugar a disfunciones, duplicidades o ineficiencias de todo tipo. El Gobierno vasco encargó un estudio en ese sentido hace apenas un año en el que una primera estimación apuntaba a una cifra de 400 millones de euros anuales el coste de esas duplicidades. Haciendo un burdo cálculo falto de todo rigor, el coste material de las duplicidades durante los 30 años de autogobierno nos ha costado a los ciudadanos de la CAPV más de 12.000 millones de euros.
Está claro que, sea cuál sea la cifra, algún tipo de reforma seria en este país habrá que hacer porque no somos ni por asomo tan ricos como para permitirnos este despilfarro ni tan insolidarios y descerebrados como para consentirlo.
