Yo sigo con lo mío… escribiendo algunas notas sobre análisis económico aplicado a la protección ambiental; en este caso, el uso de instrumentos de mercado para la conservación de la biodiversidad.
El 60% de los ecosistemas mundiales se usan de forma insostenible o están degradados. Un 30% de las especies de mamíferos, pájaros y anfibios están amenazadas de extinción. La degradación y desaparición de los ecosistemas perjudica fundamentalmente a los más pobres y es, en ocasiones, la principal causa de la pobreza.
La DG ENV de la Unión Europea es uno de los líderes mundiales en el ámbito de la sostenibilidad ambiental. En materia de biodiversidad, se fijó en 2001 el objetivo de detener su pérdida en la UE antes de 2010. A pesar de los esfuerzos realizados, no va a conseguir su objetivo. Consciente de ello, recientemente se ha marcado un nuevo objetivo: Detener la pérdida de biodiversidad y de servicios de los ecosistemas en la UE de aquí a 2020 y restaurarlos en la medida de lo posible, así como intensificar la contribución de la UE para evitar la pérdida de biodiversidad en todo el mundo.
Para alcanzar ese objetivo, la Unión Europea está favoreciendo el uso de instrumentos de mercado. Estos instrumentos, definidos por la Agencia Europea de Medio Ambiente como «Aquellos que buscan solucionar fallos de mercado o externalidades ambientales [1], bien incorporando el coste externo de las actividades de producción o consumo en los procesos o productos a través de impuestos o tasas o bien creando derechos de propiedad y facilitando el establecimiento de un mercado para los servicios ambientales», son concebidos en el seno europeo como una manera rentable de alcanzar los objetivos de conservación y explotación sostenible de los recursos naturales.
Esta y otras razones (permiten responder de un modo flexible a las señales de precios e incentivan la innovación; son coste-efectivos e incentivan que las mejoras deseadas se logren de la forma menos costosa posible; evitan algunos de los incentivos negativos que pueden ocasionar las regulaciones; en la mayoría de los casos, siguen el principio «quien contamina paga») han animado ya a utilizarlos a algunos países. Finlandia ha organizado subastas para pujar por subvenciones para implantar medidas de protección de la biodiversidad. Estados Unidos se han creado los denominados hábitats de reserva, que transforman las responsabilidades ambientales en activos negociables que modifican las estructuras de incentivos y los comportamientos mediante la asignación de derechos de propiedad y la creación de mercados.
Todos son instrumentos de mercado y se pueden clasificar dentro de alguna de las siguientes categorías:
- Instrumentos basados en precios: impuestos, tasas y subsidios.
- Instrumentos basados en cantidades: derechos intercambiables, esquemas de compensación y responsabilidad.
- Instrumentos «market-friction» e instrumentos financieros. Aunque no son estrictamente instrumentos de mercado, pueden jugar un papel importante en la protección del medio ambiente y la biodiversidad y a menudo se incluyen entre ellos. Los primeros (por ejemplo, etiquetado ecológico) buscan mejorar el funcionamiento de mercados ya existentes eliminando obstáculos para la formación y el crecimiento de mercados. Los segundos (por ejemplo, fondos verdes que ofrecen financiación empresarial en la fase inicial de un proyecto que cumpla ciertas normas ambientales) intentan la canalización fondos y actividades del sector privado hacia actuaciones que protejan (o no dañen) la biodiversidad.
[1] En el caso de la biodiversidad, el fallo de mercado se origina por la propia naturaleza de los bienes y servicios que provee: (1) los bienes y servicios relacionados con la biodiversidad son por lo general bienes públicos, (2) el uso o la conservación de la biodiversidad tiene asociados efectos externos y (3) en ocasiones existe información asimétrica entre quienes pagan por las medidas de conservación y quienes las ejecutan.
[1] En el caso de la biodiversidad, el fallo de mercado se origina por la propia naturaleza de los bienes y servicios que provee: (1) los bienes y servicios relacionados con la biodiversidad son por lo general bienes públicos, (2) el uso o la conservación de la biodiversidad tiene asociados efectos externos y (3) en ocasiones existe información asimétrica entre quienes pagan por las medidas de conservación y quienes las ejecutan.
