El 7 de diciembre de 2009 comenzará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP15). La cumbre internacional buscará en Copenhague sentar las bases de un acuerdo global para el período post-Kioto – 20013/ 2020-, capaz de reducir de manera sustancial las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Previamente, en julio, se reunirá en la Isla de la Magdalena, Italia, el Foro sobre Energía y Cambio Climático de las Mayores Economías del Mundo, formado por 17 países desarrollados y emergentes, responsables del 75% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. La comunidad científica internacional ha encendido las alarmas. Un reciente informe del Centro Común de Investigación (JRC) de la Unión Europea afirma que las emisiones globales de gases de efecto invernadero producidas por el hombre han aumentado un 15% entre 2000 y 2005, un incremento muy superior al esperado. El informe señala que la emisión mundial de gases de efecto invernadero pasó de 24.000 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono en 1970 a 33.000 millones de toneladas en 1990 y 41.000 millones en 2005. El problema de las emisiones amenaza seriamente con irse de las manos, desestabilizando de manera irreversible las condiciones climáticas de la Tierra. La comunidad científica insiste en que es imprescindible que en los próximos diez años se introduzca un punto de inflexión en las emisiones globales.
Ante ese formidable reto global, Europa, Estados Unidos y China tienen la clave, ya que conjuntamente suponen el 50% de las emisiones mundiales. En ese contexto, las políticas sobre energía, transporte, infraestructuras y vivienda, ciencia e innovación, agricultura, ordenación del territorio, de los países económicamente desarrollados han de ser repensadas radicalmente. En Euskadi la política ambiental que se ha desarrollado desde que el Parlamento vasco aprobó la Ley 3/1998 general de protección del medio ambiente habría de ser actualizada, rediseñada sobre nuevos cimientos. La transformación del modelo energético hacia una economía baja en carbono y la mitigación drástica de emisiones habrían de estar entre las prioridades clave del nuevo Gobierno y sobre ese pilar se debería, en mi opinión, rediseñar el conjunto de la política ambiental.
Para orientar esa reflexión es preciso evaluar el punto de partida y el recorrido realizado. El País Vasco dispone de una sólida base de información y conocimiento ambiental. Existe un bagaje científico y técnico avanzado residenciado en la propia administración, la universidad, los centros tecnológicos, una red de empresas altamente especializadas, así como una gran sensibilidad en amplios sectores de la sociedad civil organizada. Asimismo, la formulación de la política por parte del Gobierno vasco en los últimos diez años se ha realizado en términos avanzados y ambiciosos. Su diseño ha sido consistente y ha denotado un compromiso hacia la sostenibilidad ambiental que es justo reconocer y valorar.
Ahora bien, la política ambiental ha encontrado grandes dificultades para corregir los factores que más impacto han tenido en el clima, el medio ambiente, la biodiversidad y el territorio de Euskadi – modelo energético caracterizado por una dependencia casi total de los combustibles fósiles e incapacidad para impulsar las renovables, mala calidad del aire en numerosos pueblos y ciudades como resultado de la alta densidad de vehículos a motor, ríos cuya calidad ecológica apenas se consigue mejorar a pesar de inversiones millonarias en depuración, continua artificialización y fragmentación del territorio, etcétera-. Se conocen los problemas y sus causas pero se ha carecido de fuerza, de capacidad, para implementar las soluciones. Para compensar esa dificultad de traducir los documentos de estrategia y planificación en acciones transformadoras de la realidad se ha recurrido en los últimos años a un ejercicio continuo de comunicación autocomplaciente.
El nuevo comienzo, new start, que requiere la política ambiental vasca habría de pivotar sobre el concepto decisivo de integración. Integración horizontal de los objetivos estratégicos de sostenibilidad en departamentos como industria-energía, economía, infraestructuras y transporte, agricultura, territorio. Integración vertical en la definición y ejecución de la política con las diputaciones forales, las tres capitales y los Ayuntamientos. La integración requiere como condición sine qua non que el propio lehendakari ejerza el liderazgo en los asuntos esenciales de la política de sostenibilidad ambiental, singularmente en lo relacionado con la transformación energética y el cambio climático. El lehendakari López anunció en su discurso de investidura dos importantes iniciativas para esta legislatura. Una ley de cambio climático y otra de transporte sostenible. La primera habría de sentar las bases para la transición hacia un modelo energético bajo en carbono, proporcionando forma y rango al alineamiento del País Vasco en el ejercicio de responsabilidad compartida hacia el clima que, confiemos, adoptará la comunidad internacional en Copenhague y que, en cualquier caso, la Unión Europea ya ha hecho suya al formalizar los objetivos vinculantes para el año 2020 sobre emisiones, renovables y eficiencia energética. La ley de cambio climático debería marcar el inicio de un nuevo ciclo en la política ambiental vasca.
