Hoy, 24 de abril de 2006, se firma en Madrid el acuerdo de colaboración-financiación de la Y vasca, entre el gobierno español y vasco, que tras más de 10 años de ﾑtoma y dacaﾒ político ha conseguido, finalmente, salir a la luz.
La «Y vasca», la conexión ferroviaria de alta velocidad (o de velocidad alta) entre las tres capitales de la CAPV, se trata, sin lugar dudas, del proyecto más importante, en lo que a infraestructuras se refiere, planteado en nuestro país a lo largo de su historia.
Nada como el planteamiento presupuestario para darnos cuenta de ello: 4100 millones de Euros de inversión que, no obstante, si hiciéramos caso a proyectos similares llevados a cabo en nuestro entorno (AVE Madrid-Sevilla, con una desviación presupuestaria cercana al 40% de lo previsto inicialmente) pudiera superar ampliamente esas cantidades.
Pese a estas cifras que para cualquier Estado o comunidad debieran ser motivo de largos debates, ﾑríos de tintaﾒ e incluso de consultas populares, lo cierto es que este tema no está alcanzando el eco social y mediático que se le pudiera presuponer.
Desde mi punto de vista, esta situación responde en cierta medida a las reticencias, justificadas o no, de la clase política y de los gobiernos, a hacer partícipe a la sociedad de las líneas maestras de las políticas de desarrollo del país.
Se trata de un tema espinoso sin duda. En alguna ocasión he tenido la oportunidad de escuchar a algún destacado dirigente que «si se le hubiera preguntado a la gente qué es lo que quería hacer hace 15 años, hubiera pedido oficinas de empleo y no el Guggenheimﾒ. A lo que habría que añadir la premisa que se considera a esos niveles fundamental, como es la del ﾑliderazgoﾒ, para llevar adelante cualquier iniciativa o proyecto de este tipo.
A nivel publico por el contrario, se defiende la participación social en las decisiones como un valor. Declaraciones como la de que ﾑla sociedad vasca es madura para tomar las decisiones sobre su futuroﾒ, son comunes en otras discusiones de la vida política de nuestro país. En este sentido, da la impresión de que realmente quizás no se tenga muy claro de qué forma articular esta cuestión.
Bajo este planteamiento, y centrando el debate: ¿tenemos o no derecho a participar en la decisión de construir o no la «Y» vasca? Muchos replicarán que esa participación esta delegada en los representantes políticos legítimamente elegidos, a través de la ya más que consolidada participación social en las elecciones tanto autonómicas y municipales como europeas y estatales.
La clave podría estar por tanto, en la labor que desarrollan nuestros representantes una vez son elegidos. Desde mi punto de vista, y en lo que a este proyecto se refiere, el reto al que se enfrentan reside en ser capaces de canalizar esa información y esa discusión entorno a las diferentes alternativas existentes, en aras de una mayor transparencia de las actuaciones públicas y podamos así ser testigos de ese debate y disponer de elementos de juicio a la hora de ejercer nuestro derecho al voto.
A modo de conclusión final, señores políticos y líderes empresariales, hagan partícipe a la sociedad de este tipo de proyectos, porque el mejor proyecto de desarrollo o de progreso es aquel en el que la sociedad es consciente y asume las oportunidades, y riesgos, que conlleva su puesta en marcha.
