El Consejo Constitucional francés ha anulado la propuesta del Presidente galode introducir una tasa de carbono a partir de enero de 2010, con la que pretendía mostrar al mundo el liderazgo de Francia en la lucha contra el cambio climático. Este revés obligará al Gobierno francés a presentar un nuevo texto, en el que se deberá reformular el diseño del impuesto. Mi intuición me dice que la reformulación de la tasa en los términos adecuados terminará dando la razón a Sarkozy.
La propuesta rechazada por el Consejo Constitucional planeaba imponer el pago de 17 euros a cada tonelada de dióxido de carbono emitida. La tasa se aplicaría al consumo de petróleo, de manera que de haber prosperado cada consumidor final se habría visto obligado a pagar 4 céntimos de euro más por cada litro de gasolina. También se aplicaría al consumo de gas y carbón, pero no al de electricidad debido a que el 80% de la generación eléctrica francesa proviene de la energía nuclear. Aunque es una energía que no emite carbono en su proceso de generación, no parece razonable que los ciudadanos no paguen por el consumo de electricidad ya que esto enviaría un mensaje confuso sobre qué es un comportamiento ambientalmente responsable.
La nueva tasa buscaba modificar las pautas de consumo de los ciudadanos franceses y reducir así las emisiones domésticas de dióxido de carbono. No estaba pensada para engrosar las arcas del Estado. Los ingresos públicos adicionales asociados a la mayor carga fiscal soportada por la ciudadanía vía impuesto directo, quedaría en principio compensada mediante deducciones en impuestos indirectos. Las familias de dos hijos que viven en las ciudades recibirían una deducción en el impuesto sobre la renta equivalente a 112 euros anuales. La deducción sería algo mayor para la población rural sin acceso a transporte público. Quienes no pagan el impuesto sobre la renta, recibirían un «cheque verde». Las empresas serían compensadas mediante la reforma de los impuestos municipales a empresas. Se pretendía de este modo que el nuevo impuesto no mine el poder adquisitivo de ciudadanos y empresas.
La propuesta recibió en su día numerosas críticas. El partido socialista la tildó de injusta, por entender que afectaba a ricos y pobres por igual. Los verdes la criticaron por considerar que la cuantía de la tasa – cuatro céntimos de euro por litro de gasolina – no era suficiente para introducir cambios en las pautas de comportamiento del ciudadano medio francés. El Presidente francés se defendió de esta última crítica argumentando que su impuesto aumentaría con el paso del tiempo, alegando que por cuestiones prácticas – es la única forma de burlar la oposición política y social – el impuesto debía ser necesariamente bajo al principio. Cuando en 1991 Suecia introdujo su tasa de carbono, ésta era de 26 euros por tonelada de CO2. Ahora es de 108 euros por tonelada de CO2.
Los argumentos esgrimidos por el Consejo Constitucional para oponerse a la propuesta no han sido las críticas de socialistas ni verdes. La propuesta ha sido rechazada debido a las numerosas exenciones que incluía el nuevo impuesto diseñado por el Gobierno. El tributo ecológico incluía exenciones para importantes sectores económicos como algunas grandes industrias, aerolíneas, transporte público y agricultura. El Consejo Constitucional calculó que más del 93% de las emisiones industriales se librarían del tributo, violando con ello el principio de equidad y poniendo en entredicho la eficacia de la tasa en la lucha contra el calentamiento global.
La nueva propuesta deberá corregir esas debilidades. Cuando lo haga, será seguramente aprobada. Será entonces cuando hablemos del comienzo del cambio del sistema tributario y del modelo productivo franceses, ya que la nueva tasa permitirá avanzar hacia la aplicación del principio «quien contamina paga» y la incorporación de los costes externos en los precios de los combustibles fósiles (a excepción del consumo de electricidad, que quedará exento). Y permitirá hacerlo de un modo coste efectivo.
Cuando prospere, Francia se convertirá en el primer gran país europeo en introducir una reforma fiscal ecológica. Algo que la Unión europea viene promulgando desde la década de los 90 (ver Libro Blando sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, 1993) y que países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda y Finlandia vienen utilizando desde hace ya dos décadas.
El Gobierno de España señala en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que pretende avanzar hacia nuevos modelos fiscales que permitan caminar hacia un nuevo modelo productivo social, económica y ambientalmente sostenible. La introducción de un impuesto a las emisiones de CO2, algo de lo que la comunidad académica española viene hablando desde hace tiempo, sería un excelente comienzo. Muchas son las razones que justifican la introducción de un impuesto de estas características: (1) efectividad en términos de costes al permitir alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de CO2 buscado al menor coste posible, (2) incorporación de los costes externos en los precios de los bienes y servicios, (3) aplicación del principio «quien contamina paga», (4) generación de nuevos ingresos para la Administración que pueden destinarse a usos medioambientales o a la reducción de la presión fiscal sobre las rentas salariales y del capital o (5) los incentivos que crean a la innovación tecnológica.
Con sus errores y aciertos, el caso de Francia será un buen espejo en el que mirarse.
