El 31 de Julio la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) publicará los resultados del test de estrés al que se somete el sector bancario de forma bianual. El estrés test consiste en simular diferentes escenarios económicos adversos para cuantificar cómo afectarían esas hipotéticas condiciones a un banco. Este año tampoco veremos escenarios en los que se consideren los riesgos medioambientales y de cambio climático, aunque ya comienza a mencionarse su incorporación en el ejercicio de estrés que se realizará en 2022.
Moodys publicaba, en este mismo sentido, un informe a principios de marzo donde recogía los resultados obtenidos de una encuesta realizada a 28 bancos cotizados que suman 41,6 billones de euros en activos. El informe desprende que solo el 32% de los bancos muestra información de como un escenario adverso de cambio climático afectaría a su actividad, a pesar de que el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) lanzó la recomendación hace ya tres años. La parte positiva de los resultados es que el 86% de los encuestados se ha comprometido a publicar (se entiende que en el corto/medio plazo) sus exposiciones relacionadas con el cambio climático.
Del informe de Moodys también se desprende que los bancos cumplen con sus compromisos medioambientales en cuanto a su actividad con terceros: “La mayoría de los bancos analizados integran consideraciones medioambientales en sus marcos de valoración del riesgo y el 79% ha implementado políticas de exclusión para la financiación de compañías intensivas en emisiones contaminantes que supongan un alto riesgo para la transición climática”
En cuanto a su propia actividad en cambio queda huérfano y las actuaciones están lejos de ser las deseadas. Según Moodys: “menos de un tercio de los bancos ha proporcionado una descripción de la metodología utilizada para monitorizar el riesgo climático y menos de la mitad de los encuestados ha revelado la metodología utilizada para realizar los ejercicios de estrés ante el riesgo climático”.
No se ha observado gran proactividad desde las entidades financieras en desarrollar mecanismos de reporting que monitoricen y controlen los impactos financieros derivados del cambio climático. Se alude a la complejidad de los cálculos que habría que realizar y la lejanía del horizonte temporal en el que se materializarían los efectos negativos.
Hasta el momento este proceso de transparencia climática parecía que no iba a pasar, al menos en el corto plazo, por un aumento de las exigencias reguladoras. Pero la llegada de Christine Lagarde a la presidencia del Banco Central Europeo reavivó la esperanza cuando se pronunció a finales del año pasado sobre la necesidad de que los modelos de evaluación de riesgos recogieran el riesgo del cambio climático. No se sabe si esta idea es respaldada de forma unánime por el resto de los gobernadores. Aun así, las crecientes peticiones del mercado por una mayor transparencia en la estimación de los impactos financieros derivados del cambio climático dan cierta luz a que el proceso hacia una transparencia climática se termine culminando.
El cerco medioambiental se cierne sobre los bancos que ven como los diferentes stakeholders solicitan una transparencia para la que hoy en día no están preparados. La concienciación medioambiental sigue creciendo a todos los niveles de la sociedad y parece que los bancos tratan de procrastinar un proceso, que antes o después, será inevitable si no quieren ser penalizados, ya sea por el regulador, el mercado o la sociedad.
Jokin Etxebarria
Economista, MSc in Business & Management
NAIDER
